El Senado de Argentina aprobó este miércoles la legalización del aborto con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, en una intensa jornada que representó una victoria del movimiento de mujeres del país sudamericano que luchó durante décadas por este derecho y que festejó en una Plaza del Congreso colmada de alegría, llanto, orgullo y abrazos envueltos en los pañuelos verdes reconvertidos en un símbolo feminista a escala global.
En una sesión que duró 12 horas, la Cámara Alta ratificó en la madrugada el proyecto que ya había sido aprobado el pasado 10 de diciembre en la Cámara de Diputados y que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y a partir de los 16 años sin mayor requisito que la voluntad de la mujer o la persona gestante (ya sea varón trans o de género no binario).
Al principio de la sesión había un virtual empate de votos a favor y en contra, pero con el correr de las horas se fortaleció el aval mayoritario al proyecto a pesar de las presiones eclesiásticas y, sobre todo, gracias a que los senadores que habían ocultado su posición y que estaban señalados como indecisos finalmente revelaron su apoyo al exponer sus argumentos.
La iniciativa fue una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, quien cumplió al enviar el mes pasado la ley para su análisis en el Congreso y hacer el lobby necesario para su aprobación.
Por eso, el resultado también representa un triunfo político del gobierno peronista que puede presumir que bajo esta gestión se ampliaron derechos sociales que colocan al país nuevamente a la vanguardia en América Latina, como ocurrió en el pasado con el divorcio, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ley de identidad de género.
El debate
Durante la sesión se repitieron varios de los argumentos que ya se habían escuchado en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre, cuando se aprobó con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones y después fue enviado al Senado para su ratificación o rechazo.
Desde la oposición insistieron en que la legalización es inconstitucional, que se debe proteger la vida desde la concepción, que habrá castigos divinos; que es un tema que sólo interesa en Buenos Aires y el resto del país, no en todas las provincias; que en lugar de abortar se debe promover la adopción prenatal, que no se toma en cuenta «al niño por nacer» ni al padre, que no es oportuno tratarlo justo ahora que hay una pandemia y una crisis económica; que se debería someter a una consulta popular, que el sistema de salud se va a saturar con los abortos y que es una iniciativa que divide a los argentinos.
Por el contrario, las y los senadores que apoyaron el proyecto explicaron que se trata de un acto de justicia social y de derechos humanos, que las mujeres pobres mueren en abortos clandestinos, que se debe respetar el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir y dejar de criminalizarlas y estigmatizarlas, que la penalización no mejoró nada, que la maternidad no puede ser forzada, que es importante deconstruirse; que el aborto es un derecho, no una obligación; y que, de ninguna manera, las niñas violadas deben ser obligadas a ser madres.
También recordaron que esta ley es producto de una lucha de décadas encabezada por mujeres pioneras como Nelly Minyersky, Martha Rosenberg y Nina Brugo, y del colectivo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que hace décadas concentró los esfuerzos de uno de los principales reclamos de la agenda feminista.